Jessica Morales estaba viendo Thursday Night Football en casa de su novio en San Bruno cuando un explosión de una tubería provocó la muerte de Jessica y otros siete residentes de San Bruno el pasado mes de septiembre. Esta semana, los padres de Jessica presentaron una demanda por homicidio culposo contra Pacific Gas & Electric de California, alegando que la empresa sabía que la tubería presentaba un alto riesgo y no hizo nada para evitar la inminente explosión.
"Tenían la obligación legal y moral de hacer las cosas como es debido y no lo hicieron", dijo el abogado de la familia refiriéndose a PG&E. La información que ha surgido en los meses posteriores a la trágica explosión ha respaldado en su mayor parte esta afirmación, ya que los reguladores estatales y federales han criticado repetidamente el mantenimiento de registros y los procedimientos de seguridad de PG&E. La semana pasada, por ejemplo, el San Francisco Chronicle informó de que PG&E elevaba sistemáticamente la presión de las tuberías de gas al nivel máximo desde 2003, lo que aumentaba la probabilidad de una explosión.
La tubería de San Bruno, por ejemplo, funciona normalmente a una presión de 375 libras por pulgada cuadrada, pero PG&E la aumentó a 400 libras por pulgada cuadrada -el límite federal- en 2003 y de nuevo en 2008. "Es una forma de pensar retrógrada; no se podría pensar que alguien fuera tan imprudente", afirma Richard Kuprewicz, experto en seguridad de oleoductos. "La intención general del programa (federal de inspección) era que no se deben buscar lagunas".
Incluso esta semana, PG&E ha anunciado que no puede encontrar un documento crucial relacionado con la explosión del gasoducto de San Bruno que podría ayudar a otros gasoductos a mejorar la seguridad. Esto llevó a la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Deborah Hersman, a expresar una dura reprimenda a PG&E. "En los años transcurridos desde la puesta en servicio de la tubería, las decisiones relativas a las inspecciones, las presiones de funcionamiento y los planes de gestión de riesgos se basaron en hechos sencillamente erróneos", declaró el miércoles ante un grupo de responsables políticos en Washington DC.
Los errores de PG&E en los años previos a la explosión de la tubería de San Bruno y en los meses posteriores son, como mínimo, desafortunados. Tal vez un mayor escrutinio en el futuro, además de justicia para familias como la de Jessica, conduzca a procedimientos de seguridad para las tuberías de gas y otros servicios.
Crédito de la foto: smi23le
Andy Gillin se licenció en la Universidad de California en Berkeley y se licenció en Derecho en la Universidad de Chicago. Es el socio gerente de GJEL Accident Attorneys y ha escrito y dado conferencias en el campo de la ley de lesiones personales de los demandantes para numerosas organizaciones. Desde 1972 ha estado ayudando a las víctimas gravemente heridas en todo el norte de California luchar y ganar sus casos de lesiones personales. Andy es uno de los abogados más premiados y reconocidos por homicidio culposo en el norte de California.