Hasta hace poco, Toyota ha hecho todo lo posible por minimizar el impacto de su vergonzosa serie de infracciones de seguridad y retirada de productos admitiendo la culpa y pagando las multas sin protestar. Pero una vez que el Congreso empezó a debatir proyectos de ley de revisión masiva de la seguridad automovilística, la industria del automóvil se quitó el rabo entre las piernas y está empezando a contraatacar.
La semana pasada, el Detroit News informó de que el senador Jay Rockefeller (demócrata de Virginia Occidental) y el representante Henry Waxman (demócrata de California) se han unido para exigir más responsabilidad a la enorme pero incipiente industria automovilística de Detroit. "Las recientes llamadas a revisión de Toyota revelan fallos en nuestro sistema de control de la seguridad de los automóviles, y otras áreas en las que podemos mejorar mucho en beneficio del consumidor estadounidense", declaró Rockefeller.
Además de levantar la sanción máxima de 16,4 millones de dólares que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera puede imponer a los infractores en materia de seguridad, el proyecto de ley impondría una nueva tasa a la venta de coches nuevos para financiar un aumento del presupuesto de la NHTSA. Y los senadores han sugerido introducir una "caja negra" en todos los coches nuevos para grabar los 60 segundos previos a un accidente.
La industria automovilística se opondrá a algunas partes de los proyectos de ley de seguridad, que, según los ejecutivos, podrían elevar el coste de los vehículos en miles de dólares. Aunque la industria apoya la idea de la caja negra, por ejemplo, advierten de que podría inflar drásticamente los precios de los coches. "La caja negra típica de un avión cuesta 22.000 dólares, lo que se acerca al precio medio de un coche nuevo", dijo Dave McCurdy, presidente de la Alianza de Fabricantes de Automóviles, que incluye a Toyota, General Motors, Chrysler y un puñado de otras grandes empresas.
La Alianza también ha anunciado su apoyo a la ampliación de los sistemas de anulación de los frenos, que ya se incluyen en la mayoría de los modelos nuevos. Pero aún no está claro si el sector acogerá con agrado una mayor supervisión gubernamental. El nuevo impuesto podría financiar un aumento de las fuerzas de seguridad. Como señaló la senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, en la audiencia del martes, la NHTSA empleaba el doble de agentes de seguridad en 1980 que en la actualidad.
Rockefeller y Waxman pretenden corregir este desequilibrio. Las llamadas a revisión "subrayan la necesidad de garantizar que (la NHTSA) disponga de los recursos, la experiencia y la autoridad que necesita para proteger a los consumidores de la seguridad de los vehículos", afirma Waxman. Habrá que ver si Toyota sigue el juego.