Se avecinan problemas con el Tribunal Supremo aquí en la zona de la bahía, donde un grupo de estudiantes cristianos ha demandado a la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California por retener la financiación pública del grupo porque se niega a admitir a estudiantes homosexuales como miembros de pleno derecho. La Christian Legal Society, un grupo evangélico con docenas de sedes en todo el país, pide a sus miembros que firmen una declaración de fe que condena "la participación no arrepentida o la defensa de un estilo de vida sexualmente inmoral".
Durante los alegatos orales del caso CLS contra Martínez ante el Tribunal Supremo el lunes, los jueces parecían divididos sobre la culpabilidad de Hastings. La escuela dice que CLS viola su política de "todos los interesados", que establece que para recibir apoyo público, un grupo debe permitir que cualquier estudiante participe, vote y sea elegible para cargos electivos. El CLS argumenta que admitir a estudiantes homosexuales viola la libertad de religión y asociación según la Constitución, y que Hastings aplica la política de forma selectiva. Escribiendo para The Faculty Lounge, Calvin Massey predice que la decisión del tribunal dependerá de si Hastings puede demostrar que no utiliza la "aplicación selectiva". Como comentó ayer el juez Scalia, "estipularon que la política [de todos los candidatos] existe. No han estipulado que Hastings la aplique fielmente".
Pero a la hora de la verdad, el CLS dice esencialmente que Hastings está violando su libertad religiosa y de asociación al obligarle a respetar la libertad y asociación de los estudiantes homosexuales. Así que fallar a favor del CLS podría socavar el argumento constitucional del tribunal. Y, como señala Paul Cates, de la ACLU, la religión ha sido utilizada históricamente por algunos para perpetuar la discriminación por motivos de raza, género y orientación sexual.
No se espera una decisión hasta junio, pero es seguro que suscitará un debate en los campus universitarios de todo el país sobre cómo afectan los grupos religiosos financiados con fondos públicos a la libertad de expresión, religión y asociación.
Crédito de la foto: Christian Legal Society